En
democracia (del griego: demos=pueblo
y kratos=poder), el poder lo tiene el
pueblo, por lo que los políticos deben aplicar el concepto de despacho abierto.
Es decir, como representantes deben rendir permanentemente cuentas de su
gestión a los ciudadanos (a sus representados, con transparencia, nada oculto)
y éstos pueden informarse y controlar a los políticos (hacerles preguntas,
exigencias) gracias a las nuevas tecnologías de información y comunicación,
específicamente a través de las redes sociales (aparte de la información que
puedan obtener de medios de comunicación tradicionales, como el periódico, la
televisión y la radio).
Por Catherine Mariela de Oliveira Palacios
Igualmente,
en democracia, los ciudadanos deben tener el derecho de reunirse con sus
representantes para informarse y cuestionarlos (para exponer sus quejas, sus
necesidades), bien sea en reuniones públicas o mediante la asistencia a
oficinas de atención al ciudadano (a éstas también se podrían comunicar
mediante una línea telefónica o un portal web). Todo con el fin de que los
representantes actúen de acuerdo al interés común y la resolución de las
necesidades de todos.
En el siglo XXI, se asiste a la emergencia del poder
relacional, transversal, participativo; por ende, los políticos que entiendan
bien esto, tienen mayores posibilidades de legitimación política (de aceptación
popular).
En
democracia, la política es un servicio público, no un servicio para unos pocos.
La tecnología democratiza la política, empodera al ciudadano.La democratización por medio de la tecnología y las
redes sociales agiliza la participación directa en la toma de decisiones.
Para los gobernantes, tal fenómeno
implica críticas por una gestión deficiente o elogios a sus acciones acertadas.
Por tal motivo, cada país asume una postura y determina el uso de estas
tecnologías, bien como una herramienta pública para la democratización o como
una nueva forma de control. Cabe destacar el caso de China, país en el cual
están bloqueadas todas las redes sociales occidentales, como Instagram,
Twitter, Facebook y hasta la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp,
pues el régimen de partido único, el Partido Comunista de China, no admite
control alguno, ni que se ventilen internacionalmente los casos de violación a
los derechos humanos.
Es preciso mencionar
que estas nuevas formas de participación ciudadana en la política serán
realmente democráticas hasta que se logre una conectividad total, dado que
también pueden tener el efecto contrario; que una porción mínima de la
ciudadanía (la que tiene los medios económicos y las herramientas culturales para
el acceso a las nuevas tecnologías) defina la agenda de todo el resto.
Los cambios tecnológicos
y de prácticas políticas obligan a los gobiernos a actualizarse, para lograr
una gestión más participativa, más colaborativa y más transparente; o bien para
controlar a la población, utilizando regulaciones y prohibiciones digitales,
evitando así su crítica o destitución.
El papel
de la tecnología en la política puede ser definido a través del concepto de
tecnopolítica. Antoni Gutiérrez-Rubí, asesor de comunicación
y consultor político, fundador y director de ideograma, consultora de
comunicación que opera en España y Latinoamérica, define la tecnopolítica como
“acción política, comunicación política y, parcialmente, gestión política a
través de la tecnología”. Según el citado autor, se refiere a la tecnología de
proximidad, la de los dispositivos personales: móviles, computadoras, tabletas.
Una tecnología extraordinariamente potente, flexible, amigable y versátil. Con
cada vez menos barreras de entrada y cada vez más potencial. El poder
tecnológico de estos dispositivos es lo que permite la acción, la comunicación
y la gestión política.
Pero la
tecnopolítica, de acuerdo a Gutiérrez-Rubí, también supone poner en el centro
de la acción política al individuo y sus comunidades. La tecnopolítica se basa
fundamentalmente en los intereses de la gente, no tanto en sus condiciones -al
contrario de la comunicación política analógica; pone a la persona, a su
comunidad y a sus intereses en el centro de la acción política, en línea con
Gutiérrez-Rubi.
En
conclusión, las nuevas tecnologías, específicamente las redes sociales, hacen
que la participación ciudadana sea más activa y que no sólo se exprese a través
del voto (cada cuatro, cinco o seis años); para que, de esta manera, la
ciudadanía controle a los gobernantes, para que actúen conforme al bien común
(fin último de la política en los regímenes democráticos) y no al mantenimiento
del poder para perseguir intereses particulares.Para los ciudadanos, las
redes sociales son un arma de presión a sus políticos, un lugar donde unirse en
torno a una causa y hacerla crecer.
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